Hace apenas un mes, el Parlamento Europeo aprobaba una resolución que incluía más de medio centenar de propuestas variopintas como parte de un programa que persigue la simplificación burocrática en la UE. Nada que objetar, salvo porque, agazapado, el punto 47 de dicho acuerdo supone un duro revés para la promoción de la salud de los ciudadanos europeos, la protección de los consumidores y, en consonancia con ello, la lucha contra la actual epidemia de obesidad y demás patologías asociadas. Tal cual.

En la práctica, 482 europarlamentarios —con 285 en contra— han votado la reconsideración y, si procede, la eliminación de los perfiles nutricionales legalmente previstos en la política alimentaria de la UE: ni más ni menos que un sistema que permite valorar la calidad nutricional global de un producto alimentario, básico para que los consumidores nos podamos defender del marketing nutricional de multitud de productos procesados poco saludables que se hacen pasar por lo contrario y que (como te contamos aquí y aquí), en flagrante incumplimiento de la propia normativa europea, lleva más de 7 años de retraso en su desarrollo. De prosperar esta petición, jamás llegarán a nacer.

En el texto aprobado se justifica la decisión alegando “problemas de distorsión de la competencia”; sin embargo en fases previas de su tramitación se alude a “cuestiones científicas y los impactos económicos potenciales”. Argumentos diversos y escuetos, que fundamentalmente buscan impedir el desarrollo de una clasificación de los productos alimentarios que evite que aquellos evaluados como menos saludables puedan presumir ante los consumidores de beneficios nutricionales o de salud, como por ejemplo ser “fuente de fibra” o “ayudar a tus defensas”, como ahora, en ausencia de esta barrera prevista desde hace 10 años, sucede.

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